La Ley de la Segunda Oportunidad es un elemento de tipo legal y administrativo, mediante el cual una persona puede optar por facilidades para cancelar sus deudas, siempre y cuando se cumplan a una serie de requisitos.
Este recurso poco utilizado, más que todo por desconocimiento, está disponible para trabajadores particulares y autónomos que se encuentren en una situación financiera complicada. Básicamente lo que plantea esta Ley, es un convenio de nuevas condiciones con los prestamistas y obtener la cancelación de las deudas.
En España este procedimiento se encuentra regulado por la Ley 25/2015. Desde hace ya algún tiempo está siendo implementado en otros países europeos y en Estados Unidos.
A continuación, te hablaremos en detalle qué es la Ley de Segunda Oportunidad y cómo puede cancelar o exonerar una deuda.
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¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?
La Ley de Segunda Oportunidad es aquella que está destinada a ayudar a ciudadanos particulares y autónomos que no tienen la capacidad financiera para hacerle frente a todas sus deudas. Esta Ley busca evitar que el deudor no tenga otra opción más que afrontar su pago con la garantía del patrimonio que posee.
En España se cuenta con la Ley Concursal y la Ley de Segunda Oportunidad. Creadas bajo principios éticos que buscan contrarrestar el cobro de los acreedores. Está regulada en la Ley 25/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.
Tanto para los ciudadanos particulares como para los autónomos, el procedimiento que deben aplicar para activar este mecanismo es básicamente el mismo, con la diferencia de que para los particulares deben presentar su caso ante un notario, y para los autónomos en el Registro Mercantil o Cámara de Comercio.
¿Qué se requiere para optar por la Ley de Segunda Oportunidad?
Para poder optar por la Ley de Segunda Oportunidad, se tiene en consideración el historial financiero de la persona que contrajo la deuda. Este instrumento no es una manera de que el deudor se libre de sus pagos, sino de una ayuda para quien a pesar de contar con un excelente historial crediticio atraviesa por una situación económica difícil.
Por tal motivo, el deudor debe cumplir con una serie de requisitos que son necesarios para demostrar que pese a su situación actual ha actuado de buena fe. Así que para iniciar el proceso, los requisitos a cumplir por el deudor son:
- Demostrar que no posee ningún patrimonio que sirva como garantía para afrontar la deuda.
- El monto total de la deuda no puede ser mayo a los 5 millones de euros.
- Demostrar que ha actuado de buena fe.
Para poder optar a la Ley de Segunda Oportunidad, es un requerimiento que el deudor ceda todos sus bienes y activos, menos aquellos que son vitales para el funcionamiento de la actividad profesional.
Para determinar si el deudor ha actuado de buena fe, se debe comprobar lo siguiente:
- Que las circunstancias que han originado la insolvencia no sea debida a actuaciones indebidas del deudor.
- Que ha dicho la verdad referente a su situación de insolvencia sin haber mantenido escondidos documentos que demuestren lo contrario.
- No haber cumplido condena por algún delito de índole socioeconómico durante los últimos diez años.
- Tener la constancia de que ha realizado algún intento para llegar un acuerdo extrajudicial con sus acreedores.
- Haber acudido a los créditos contra la masa (gastos de notario y abogados) y los privilegiados (hipotecas y deudas adquiridas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social).
- No haber recibido el beneficio de exoneración de deudas durante los últimos diez años.
- No haber rechazado una oferta laboral relacionada con su profesión durante los últimos cuatro años.
- Aceptar su ingreso al Registro Público Concursal, el cual facilita información a los acreedores sobre su situación económica actual.
¿Cómo esta Ley puede cancelar o exonerar una deuda?
El procedimiento para activar la Ley de Segunda Oportunidad se basa en dos instrumentos, uno son los acuerdos extrajudiciales y el otro es el beneficio de la exoneración de las deudas.
El acuerdo extrajudicial
Este proceso se lleva a cabo mediante una reunión, en la cual se busca llegar a una negociación con los acreedores donde se acuerden nuevas condiciones de la deuda. Dicho acuerdo debe realizarse ante la tutela de un juez, quien actuará como mediador para obtener un convenio entre las dos partes en conflicto. El mediador deberá ser asignado por el notario ante el cual se realizó la solicitud del amparo. En el caso de que el deudor sea un trabajador autónomo, el mediador será asignado por el Registro Mercantil.
El acuerdo extrajudicial de la Ley de Segunda Oportunidad establece que se debe realizar una propuesta que contenga una planificación y un calendario de pagos, mediante el cual el deudor pueda llegar a cancelar su deuda. También, se establece que el proceso de conciliación debe durar dos meses como máximo.
El beneficio de exoneración
Este proceso contemplado en la Ley de Segunda Oportunidad puede iniciarse, siempre y cuando no se consiga un acuerdo extrajudicial. Lo que significa que se procedería con el comienzo de la etapa del concurso consecutivo, el cual permitirá que por medio de un juez se obtenga la exoneración total de la deuda.
Puede darse el caso de que los acreedores soliciten una revocación, pero para que esto proceda se debe cumplir lo siguiente:
- Que el deudor incumpla con el plan de pagos.
- Que el deudor haya mantenido oculto la existencia de ingresos y bienes.
- Si la situación económica del deudor mejora hasta el punto de tener la capacidad de afrontar la deuda.
Beneficios de la Ley de Segunda Oportunidad
La Ley de Segunda Oportunidad da a quienes se deciden a activarla algunos beneficios importantes para el deudor, entre los que se encuentran:
- El comienzo de una nueva etapa en su vida.
- Poder volver a optar por una financiación.
- Reactivar las tarjetas de crédito.
- Ser eliminado de los registros de morosidad.
Es necesario aclarar que no todo tipo de deudas puede ser exonerada por medio de la Ley de Segunda Oportunidad, ya que todas aquellas deudas adquiridas con Hacienda y con la Seguridad Social, quedan totalmente excluidas del alcance de la ley.